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La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

La Carta de los Derechos Fundamentales enumera los derechos básicos que la Unión Europea tiene que respetar así como los Estados Miembros cuando aplican el Derecho de la UE.  Es un instrumento jurídicamente vinculante , elaborado para reconocer formalmente y dar visibilidad al papel que desempeñan los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la Unión.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron solemnemente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Niza en el año 2000. Tras ser revisada, fue proclamada de nuevo en 2007. No obstante, su proclamación solemne no confirió a la Carta un carácter jurídicamente vinculante. La adopción del proyecto de Constitución para Europa, firmado en 2004, le habría dado dicho carácter pero, como consecuencia del fracaso del proceso de ratificación , la Carta siguió siendo una simple declaración de derechos hasta la adopción del Tratado de Lisboa.

El 1 de diciembre de 2009, la Carta pasó a ser jurídicamente vinculante. Ahora, según el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE), «la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea […], la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados». Por consiguiente, la Carta forma parte del Derecho primario de la Unión y, como tal, sirve de parámetro de referencia a la hora de examinar la validez del Derecho derivado y de las medidas nacionales.

La Carta de los Derechos Fundamentales se divide en siete títulos, seis de los cuales enumeran tipos específicos de derechos, mientras que el último define el ámbito de aplicación de la Carta y los principios que rigen su interpretación. Una característica significativa de la Carta es su innovador método de agrupación de los derechos, que abandona la tradicional distinción entre derechos civiles y políticos, por una parte, y derechos económicos y sociales, por otra. Al mismo tiempo, la Carta distingue claramente los derechos de los principios. Estos últimos, con arreglo al artículo 52, apartado 5, de la Carta, deben aplicarse mediante actos legislativos adicionales y solo podrán alegarse ante los tribunales en los casos relativos a la interpretación y legalidad de dichos actos.

La parte dispositiva de la Carta presenta la siguiente división: Título I (Dignidad): confirma los derechos a la dignidad humana, la vida y la integridad de la persona, y reafirma la prohibición de la tortura y la esclavitud. Título II (Libertades): confirma los derechos a la libertad y el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia, y los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, expresión y reunión; afirma asimismo los derechos a la educación, a trabajar, a la propiedad y de asilo. Título III (Igualdad): reafirma el principio de igualdad y no discriminación, así como el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística; también protege concretamente los derechos del niño, las personas mayores y las personas discapacitadas. Título IV (Solidaridad): garantiza la protección de los derechos de los trabajadores, incluidos el derecho de negociación y acción colectiva y el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas; reconoce asimismo derechos y principios adicionales, como el derecho a la seguridad social y a la protección de la salud y los principios de protección del medio ambiente y de los consumidores. Título V (Ciudadanía): enumera los derechos de los ciudadanos de la Unión, a saber, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales, el derecho a una buena administración y los derechos de petición, acceso a los documentos, protección diplomática y libertad de circulación y residencia. Título VI (Justicia): reafirma los derechos a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, el derecho de defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas y el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción.

El mayor valor de la Carta no reside en su carácter innovador, sino en el reconocimiento expreso del papel capital que los derechos fundamentales desempeñan en el ordenamiento jurídico de la Unión. Así pues, la Carta reconoce de forma expresa que la Unión es una comunidad de derechos y de valores y que los derechos fundamentales de los ciudadanos ocupan un lugar central en la Unión Europea.

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