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Llamada de atención en el Parlamento Europeo al abuso en Interpol

poliInterpol es la Organización Internacional de Policía Criminal, reúne a 192 países, lo que la convierte en una de las mayores organizaciones internacionales del mundo. Nacida en 1923, su objetivo es convertir al mundo en un lugar más seguro a través de la colaboración de las autoridades de los países miembros, compartiendo información, alertando de riesgos, denunciando internacionalmente a criminales, etc.

Uno de sus principios fundamentales también, es la de ser una organización políticamente neutral, por lo que el artículo tercero de la organización se desentiende de los que pueden considerarse “crímenes políticos”.

La comunicación entre los países miembros a la hora de emitir notificaciones entre sí, cubre una amplia variedad que viene determinada,  bien por la característica del hecho (personas desaparecidas, reconocimiento de cuerpos, obtener información sobre alguien, etc) o por la gravedad del hecho. Los avisos, dependiendo de sus características van determinados por un color, así la notificación (o “alerta”) roja es la que busca la detención de una persona con vistas a su extradición, la azul sólo busca la localización de una persona, la verde avisa de un potencial peligro, etc

El caso es que ayer, el pleno del Parlamento Europeo advirtió de que muchos países están aplicando las alertas rojas con fines políticos, como es el caso de Turquía, para perseguir a oponentes o críticos con sus gobiernos. El pasado mes de agosto, ese país cursó una alerta roja sobre un periodista turco-alemán, crítico con el presidente Erdogan. El periodista fue detenido en España y según las instrucciones, debería ser extraditado a Turquía, cosa que parece no va a ocurrir.

La cuestión se debatió ayer en el Parlamento, porque la Unión Europea, como tal, no pertenece a Interpol, sino que son los países miembros los que reciben las notificaciones y tienen que llevar a cabo las acciones pertinentes. Todos los grupos parlamentarios consensuaron que esas alertas rojas han dado lugar a abusos y piden que los países miembros analicen primero la situación de los derechos humanos en los países que emiten la orden, antes de llevar a cabo una detención y menos aún, una extradición.

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