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Aprobada una directiva para resolver litigios fiscales en la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea adoptó el pasado 10 de Octubre una Directiva por la que se crean los mecanismos para resolver litigios fiscales entre los estados miembros, conflictos que aparecen cuando sociedades o personas físicas, realizan su actividad en dos o más estados miembros, lo que daba lugar a una doble fiscalidad que ahora trata de dirimirse.

La doble imposición (o doble fiscalidad) es uno de los principales problemas a que se enfrentan las empresas que operan en varios países, si cada uno de los estados donde opera grava la misma renta a la empresa, ello origina costes y cargas administrativas que naturalmente hacen poco atractivo la inversión para esas empresas. También puede afectar a las personas que puedan vivir en un país de la UE, pero trabajar en otro, o si te has jubilado en un país, pero cobras en otro, y en fin, e unas cuantas situaciones posibles.

Para evitar este doble gravamen, la mayoría de los países tiene convenios fiscales de doble imposición que generalmente evitan el pagar dos veces. Existe además un Convenio de Arbitraje de la Unión Europea que, en caso necesario, puede intervenir para resolver conflictos.

Sin embargo la interpretación o la aplicación de los convenios por parte de los estados miembros ha dado lugar a que algunos litigios no se pudieran resolver por el Convenio de Arbitraje. Para facilitar la resolución de estos conflictos es por lo que se ha propuesta la directiva que entrará en vigor en breve.

La directiva así trata de solucionar más eficazmente los problemas que la doble imposición errónea pueda dar tanto a sociedades como a personas físicas.

Para ello:

-se amplía el ámbito de aplicación de los mecanismos de resolución de litigios a todos los casos que proceda

-se adoptan una serie de plazos razonables para la resolución (dos años si se trata de un procedimiento amistoso) y quince meses si se trata de resolver un litigio.

Previamente el contribuyente afectado tendrá que haber presentado una reclamación en cada uno de los estados en que se ha visto afectado, y éstos tendrán que resolver en plazos razonables y obligatorios para los estados miembros, de forma que la resolución sea vinculante.

Como en el caso de todas las directivas, los estados miembros tendrán que adoptar su legislación a esta disposición, teniendo de plazo hasta el final de junio de 2019.

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