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El 25 de mayo entra en vigor la nueva Directiva de protección de datos

El 27 de abril de 2016 el Diario oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó la nueva directiva sobre protección de datos. Como ocurre con todas las directivas, se establece un plazo para que los países miembros adapten sus legislaciones para el cumplimiento de la directiva. El plazo para ello vence el próximo 25 de mayo.

La nueva directiva y su reglamento van a ser aplicados, como hasta ahora, a responsables o encargados de tratamiento de datos dentro de la Unión Europea, pero ahora se amplía a aquellos, que aunque no se encuentren establecidos en la UE, suministren servicios o bienes destinados a ciudadanos de la Unión. Para ello estas empresas u organizaciones deberán nombrar a un representante en la Unión que mantendrá el contacto con las autoridades de supervisión.

Además el nuevo reglamento facilita que el usuario pueda borrar datos o se bloqueen cuando ya se encuentren obsoletos (derecho al olvido). Por otro lado, supone una mayor responsabilidad de las empresas u organizaciones en la custodia de los datos y la obligación de dar una mayor información legal en los formularios que se ofrecen a los ciudadanos para cumplimentar sus datos personales.

La importancia de los datos personales, además de ser una cuestión absolutamente privativa de sus dueños, se ha revelado recientemente a raíz del escándalo producido por la consultora británica Cambridge Analítica que presuntamente filtró datos desde Facebook de más de 87 millones de usuarios.

La facilidad con que los ordenadores almacenan datos y la cantidad de programas o aplicaciones que nos piden los nuestros personales está cobrando hoy día una importancia fundamental. El manejo de un gran volumen de datos (big data) se utiliza hoy día en estudios de mercado, de opinión e incluso de manipulación política, como se ha visto en elecciones recientes y en donde la contaminación informática ya se considera como un peligro potencial para la libertad de elección.

En España, ante la inminente aplicación de la nueva directiva, el gobierno está implementando el control sobre las entidades que gestionan derechos de autor o de propiedad intelectual, siendo la SGAE uno de los principales objetivos.

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