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La propuesta del futuro presupuesto de la UE refleja cómo cambian los tiempos

La Comisión Europea presentó ayer su propuesta de presupuesto para el sexenio 2021-2027. Esta propuesta presenta una serie de cambios con respecto a presupuestos anteriores y es un reflejo de cómo los tiempos están cambiando: los fondos agrícolas y de cohesión se verán reducidos, y, en cambio, se verán aumentadas las partidas destinadas a inmigración, defensa y seguridad, la investigación, la innovación y la economía digital.

El presupuesto que se propone va a ser el primero sin el Reino Unido, lo que supone que entre 12 y 13.000 millones de euros dejarán de ingresarse en las arcas comunitarias. El presupuesto que habrá para el periodo que comenzará en 2021, contara con algo más de un billón de euros, que supone el equivalente al 1.2 % del PIB de la Unión Europea. Para paliar el déficit que supone la retirada de Reino Unido, la Comisión pide un pequeño aumento en el aporte que haga cada país miembro, además de crear tres nuevas fuentes de ingresos que contribuyan a aumentar las arcas comunitarias: un impuesto al plástico, un impuesto de sociedades armonizado para toda la Unión, y un impuesto por el comercio de los derechos de emisión.

Ayer la propuesta de presupuesto fue presentada por Juncker y por el comisario de Presupuestos y hoy el Colegio de Comisarios la ajustará de forma que pueda presentarse para iniciar las conversaciones entre los estados miembros e intentar que haya un acuerdo, que debe ser unánime, para antes de las elecciones europeas del próximo año. El presupuesto además ha de ser validado por el Parlamento Europeo.

Y las negociaciones no se perfilan muy tranquilas. En principio, la rebaja de los fondos estructurales y agrícolas afectará a varios países que no están muy dispuestos a tolerar esas rebajas. Dos de esos países, Hungría y Polonia vienen mostrando además continuos desafíos hacia la política europea en materia de libertades y derechos civiles, además de no querer aceptar la política migratoria de Bruselas. Algunos dirigentes europeos han expresado que los países que no se ajusten a las normas europeas podrían dejar de recibir fondos de la UE, con lo que el conflicto está ya de antemano servido.

La cuestión de la inmigración puede hacer también que una parte de los fondos se dediquen a los países que tienen que enfrentarse al problema de la inmigración ilegal, es decir, los países del sur de Europa fundamentalmente. Si eso supone desviar parte del presupuesto desde el Este hacia el Sur de Europa, habrá que ver cómo se recibe la propuesta en los primeros países. Y por último, está el aumento en la aportación que los países miembros deberán hacer al presupuesto comunitario, algo que tampoco agrada a todos.

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