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Limitación en la UE de las grasas trans en los alimentos

La Comisión Europea ha iniciado una nueva normativa limitando la cantidad de grasas trans en los alimentos a un máximo de 2 gramos por cada 100 gramos de grasa. La nueva regulación entrará en vigor a partir del 2 de abril de 2021 en todo el mercado y los alimentos puestos a la venta en la Unión Europea. Las empresas dedicadas a este sector tendrán que ofrecer información clara sobre las cantidades de estas grasas en sus productos cuando se exceda este límite.

Para el desconocedor de estos temas, las grasas trans son ácidos grasos insaturados que pueden ser de dos tipos: naturales o industriales. Las naturales son las que contienen algunos alimentos de forma ‘innata’ en cantidades pequeñas, como las carnes de vaca o de cordero, o algunos lácteos. Sin embargo, las grasas trans industriales son las que se forman al convertir el aceite líquido en grasa sólida, mediante un proceso conocido como hidrogenación.  Éstas últimas se han utilizado para realzar el sabor y alargar el tiempo de conservación de los alimentos y están presentes en comidas rápidas, frituras, reposterías y bollerías comerciales así como en galletas, pasteles o tartas.Algunos países europeos vienen ya desde hace tiempo regulando este asunto ya que se ha demostrado que las grasas trans son un riesgo para la salud porque pueden provocar un riesgo mayor a padecer diabetes, infertilidad, alzheimer,  obesidad y enfermedades cardiovasculares.

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Acuerdo sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos en la Unión Europea

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han llegado a un acuerdo político sobre un nuevo conjunto de normas que ofrecerán protección a la totalidad de los agricultores de la UE y a una gran mayoría de las empresas agroalimentarias de la Unión frente a las prácticas contrarias a los principios de buena fe y comercio justo.

La nueva legislación europea regulará los productos agrícolas y alimenticios que se comercializan en la cadena de suministro de alimentos y prohibirá por primera vez hasta dieciséis prácticas comerciales desleales impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro. Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes.

La Comisión Europea presentó su propuesta legislativa en abril de 2018 para garantizar una mayor equidad en la cadena de alimentos y ofrecer una protección mínima en toda la UE. Es la primera vez que se aplicarán normas a escala de la UE en este ámbito. El nuevo marco concede a los Estados miembros la autoridad necesaria para hacer cumplir la nueva reglamentación e imponer sanciones en caso de infracciones constatadas

El acuerdo alcanzado se aplicará a cualquier agente que participe en la cadena de suministro de alimentos con un volumen de negocios de hasta 350 millones de euros; por debajo de ese umbral, se ofrecerán diferentes niveles de protección. Las nuevas normas se aplicarán a minoristas, empresas de transformación de alimentos, mayoristas, cooperativas u organizaciones de productores, o a simples productores que realicen alguna de las prácticas comerciales desleales detectadas.

Entre las prácticas comerciales desleales que deben prohibirse están: las demoras en los pagos de productos alimenticios perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos, la obligación de que el proveedor se haga cargo de los gastos de los productos echados a perder y el rechazo de los contratos escritos.

Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes: un comprador que devuelva productos alimenticios no vendidos al proveedor; un comprador que cargue al proveedor unos gastos por asegurar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios, o un proveedor que corra con los gastos de una campaña de promoción, publicitaria o de comercialización de un comprador.

La aplicación de estas normas no se traducirá en unos precios más altos para los consumidores. En la consulta pública realizada por la Comisión antes de presentar la propuesta, las organizaciones de consumidores defendieron la regulación de estas prácticas debido al efecto negativo que tienen sobre los consumidores a largo plazo.

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