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El Parlamento Europeo aprueba nuevas medidas de seguridad en los documentos de identidad

En un mundo en que las nuevas tecnologías, entre otras muchas cosas, han permitido facilitar las falsificaciones, ayer el Parlamento Europeo aprobó un nuevo reglamento que servirá para reforzar la seguridad de los documentos de identidad y de residencia en toda la Unión Europea.

El artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la UE, y la directiva 2004/38 EC, establece el derecho de los ciudadanos europeos y de sus familiares a la libre circulación, o residencia, en otros países de la UE. Lo mismo ocurre con los nacionales de terceros países que posean un documento legal de residencia en un país de la UE.

La razón para el cambio en los documentos de identidad procede de las deficientes características de seguridad en los documentos de algunos países, algunos de los cuales todavía se expiden en papel. Se estima en 80 millones los documentos de identidad europeos que no permiten su lectura automática ni contienen identificadores biométricos. Ello supone un riesgo para la seguridad por la facilidad para ser falsificados por todo tipo de delincuentes.

El reglamento aprobado por el Parlamento, y que debe ser aprobado definitivamente por el Consejo, hará que todos los países de la UE compartan las mismas características de seguridad. Estas medidas se alinearán con las medidas adoptadas en los pasaportes, ya que ambos tipos de documentos tendrán un chip de contacto de alta seguridad con la fotografía y las impresiones dactilares del titular del documento. Los nuevos documentos comenzarán a expedirse dentro de dos años, y los actualmente en circulación que no se adapten a las nuevas medidas, deberán ser sustituidos en un plazo de cinco o diez años. Habrá excepciones para los titulares que sean mayores de 70 años.

El reglamento no obliga a los países miembros a expedir documentos de identidad (algunos no lo poseen, como Dinamarca y Reino Unido) y podrán seguir decidiendo si los hacen o no obligatorios. Por otro lado, aquellos que los expiden, podrán seguir manteniendo las características de su diseño y los servicios de administración electrónica de sus países. Lo que sí tendrán que adoptar son las nuevas medidas de seguridad.

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Nuevas normas para reducir las formalidades burocráticas en relación con los documentos públicos de los ciudadanos de la UE

El Parlamento Europeo ha aprobado el Reglamento, propuesto por la Comisión, dirigido a reducir los costes y los trámites para los ciudadanos que necesiten presentar un documento público en otro país de la UE. En la actualidad, los ciudadanos que se trasladen o residan en otro país de la UE deben conseguir una estampilla para demostrar que sus documentos públicos (por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio o defunción) son auténticos. Con arreglo al nuevo Reglamento, esa estampilla y los procedimientos burocráticos relacionados con ella ya no serán necesarios al presentar documentos públicos expedidos en un país de la UE a las autoridades de otro país de la Unión. Sólo trata de la autenticidad de los documentos públicos, de manera que los Estados miembros seguirán aplicando sus normas nacionales relativas al reconocimiento del contenido y los efectos de un documento público expedido en otro país de la Unión.

El nuevo Reglamento pondrá fin a una serie de procedimientos burocráticos:

  • Los documentos públicos (por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio o antecedentes penales) emitidos en un país de la Unión han de ser aceptados como auténticos en otro Estado miembro sin necesidad de llevar una estampilla de autenticación (es decir, la apostilla).
  • El Reglamento suprime también la obligación de los ciudadanos de facilitar siempre una copia compulsada o una traducción jurada de los documentos públicos. Los ciudadanos también podrán usar un formulario multilingüe, disponible en todas las lenguas de la UE, para su presentación como ayuda a la traducción adjunta a los documentos públicos, a fin de evitar los requisitos de traducción.
  • El Reglamento establece salvaguardias contra el fraude: si la autoridad receptora tiene dudas fundadas sobre la autenticidad de un documento público, podrá comprobar esa autenticidad ante la autoridad de expedición en el otro país a través de la actual plataforma informática, el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI).

El Reglamento abarca los documentos públicos en los ámbitos siguientes: nacimiento, el hecho de que una persona está viva, defunción, nombre, matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil),divorcio, separación legal o anulación del matrimonio,unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho registrada y la condición de miembro de una unión de hecho registrada), cancelación del registro de una unión de hecho, separación judicial o anulación de una unión de hecho registrada, filiación, adopción, domicilio o residencia,nacionalidad, ausencia de antecedentes penales, y el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo.

Página web de la DG Justicia