El informe «Situación 2020 de vulneración de los derechos de propiedad intelectual»publicado en junio, recopila las conclusiones de la investigación que ha llevado a cabo la EUIPO, a través del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual en relación con la magnitud, el alcance y las consecuencias, tanto económicas como no económicas, de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en la UE.
Los 27 países de la UE pierden cada año 15.000 millones de euros de ingresos públicos a causa de las falsificaciones.
La contribución total de los sectores intensivos en DPI a la economía de la UE representa aproximadamente el 45 % del producto interior bruto (PIB) y el 29 % del empleo. Dichos sectores constituyen el grueso del comercio de la UE con el resto del mundo, y generan el 96 % de las exportaciones de bienes de la UE. Pagan a sus trabajadores salarios un 47 % más altos que otros sectores.
Los 15.000 millones de euros de pérdida por fraude son producto de la reducción de los impuestos directos e indirectos y de la ausencia de las cotizaciones sociales, que los fabricantes ilegales no pagan.
Esta cantidad se suma a los 19.000 millones de euros que se pierden en ventas en el sector de los cosméticos y el cuidado personal, el sector del vino y las bebidas espirituosas, el farmacéutico y el juguetero debido a la piratería. Los productos falsificados peligrosos podían suponer un grave riesgo para los consumidores ya que las falsificaciones no se someten a los mismos ensayos rigurosos que los productos auténticos para garantizar su seguridad.
Debido al elevado valor asociado a los DPI, su vulneración es una actividad delictiva lucrativa con un nivel de riesgo relativamente bajo en lo que respecta a la probabilidad de su detección y castigo en caso de ser detectada. Las organizaciones de delincuentes involucradas en estas actividades suelen combinarse con otros tipos de delitos, como el blanqueo de capitales, el tráfico de seres humanos y, en ocasiones, el trabajo forzado, como se documenta en dos informes conjuntos entre la Europol y la EUIPO.
Los modelos de negocio adoptados por los falsificadores hacen un uso considerable de internet para distribuir sus productos y promover la distribución y el consumo de contenidos digitales ilegales.
El informe de la EUIPO también estudia el lado de la demanda. Entre los incentivos para que los consumidores adquieran productos falsificados y accedan de forma ilegal a contenidos protegidos por derechos de autor figuran los precios más bajos, la facilidad de acceso y el bajo nivel de estigma social asociado a dichas actividades. Se presta especial atención a los jóvenes que según la comparativa del barómetro entre 2016 y 2019 son menos propensos a consumir contenido digital pirata pero algo más a adquirir productos falsificados.
Las operaciones de protección de derechos a escala global y de la UE se coordinan entre la Europol, la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) y la INTERPOL y la EUIPO con el apoyo de la Comisón Europea.
La Comisión Europea ha presentado un Plan de Acción que recoge formas de revitalizar el actual sistema de IVA de la UE para hacerlo más sencillo y para luchar contra el fraude, apoyar a las empresas y ayudar a la economía digital y al comercio electrónico. Supone un mejor apoyo al mercado único, facilitar el comercio transfronterizo y mantener el ritmo de la actual economía digital y móvil.
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