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Obsolescencia programada

En su lucha contra la obsolescencia programada, el Parlamento Europeo quiere establecer unos criterios mínimos de resistencia para los productos y que los consumidores estén mejor informados sobre su vida útil. El objetivo es favorecer la reparación y reducir la generación de residuos. Los eurodiputados quieren establecer requisitos mínimos de resistencia para alargar la vida de los productos. Pero no siempre es posible reparar. Eso es lo que preocupa a esta asociación de consumidores radicada en Bruselas. A menudo los componentes están tan pegados entre sí que hay que romperlos para repararlos y luego no se pueden arreglar, o resulta que el componente estropeado forma parte de un conjunto y hay que cambiarlo entero, no se puede arreglar la pieza por separado. Además, hoy en día el coste de las reparaciones es prohibitivo.
El Parlamento quiere fomentar la fabricación de productos restaurables. Una de las medidas propuestas sería prohibir toda pieza que no se pueda desmontar. Además, los legisladores quieren que los consumidores estén mejor informados sobre la probable vida útil de cada producto.  De esta manera también se pretende promover un modelo de economía circular.

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Los alteradores endocrinos: un problema sanitario y medioambiental

En el día de ayer, representantes del Comité de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, votaron a favor de una propuesta de la Comisión por la que se tratará de identificar, con criterios científicos, los conocidos como alteradores o interruptores endocrinos en el campo de los pesticidas usados en agricultura.

Los alteradores o interruptores endocrinos, conocidos también por el anglicismo “disruptores endocrinos” o “disruptores hormonales”, son sustancias químicas, tanto artificiales como naturales, que afectan al cuerpo humano o de los animales pudiendo alterar su normal equilibrio hormonal y por tanto afectando a los procesos fisiológicos en que intervienen hormonas. Aunque pueden existir de forma natural, el problema que afecta a la salud humana y medioambiental viene dada por contaminantes artificiales que pueden alterar los metabolismos de los seres, teniendo consecuencias serias en el desarrollo y en la fertilidad de éstos y pudiendo ser origen de algunos cánceres.

Estas sustancias químicas se han convertido en algo relativa y desgraciadamente frecuente en nuestro medio ambiente actual. Pueden encontrase en las hormonas con las que se quiere acelerar el desarrollo de animales para el consumo de carne, en los pesticidas, en muchos artículos de higiene personal, en compuestos usados en la creación de plásticos, el envasado de alimentos en plásticos, juguetes, residuos industriales, etc.

Sin embargo, aunque hay evidencia del efecto negativo de estas sustancias químicas, y varias han sido suprimidas del mercado, definir cuáles son alteradores y cuáles no, o lo dañino que sean es una tarea difícil y en la que no hay un consenso claro en el Parlamento Europeo, donde diversos grupos argumentan que se  requiere de una investigación científica concluyente. Los grupos ecologistas del Parlamento agrupados en torno a Los Verdes, sin embargo, creen que los criterios para buscar nuevas definiciones, no hace otra cosa que retrasar la prohibición de muchos productos nocivos para la salud y el medio ambiente. Creen que con estos retrasos se está favoreciendo a la industria agroquímica por encima de la salud ciudadana.

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Guerra a la basura que generan las bolsas de plástico

Una directiva de la Unión Europea de 2015, la 720, sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico, va a encontrar su transposición a la legislación española a través del borrador de un decreto ley que está elaborando el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

La directiva europea aprobada en abril de 2015, obliga a los estados miembros a reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras (las que no superan un espesor de 50 micras) en un 80 % para el año 2025. En la consecución de ese objetivo, la directiva establecía una reducción del 50 % para el año 2019. Para conseguirlo daba dos opciones distintas a los estados miembros: o prohibir directamente la distribución gratuita de las bolsas, fijando un precio común para ellos en todos los establecimientos, o eximir de ello a las bolsas más ligeras (las que no superen las 15 micras, que son las típicas de fruterías, aunque obligando a que pudieran descomponerse en un breve espacio de tiempo).

Con el borrador que ahora elabora el ministerio español, a partir de enero de 2018 los comerciantes estarán obligados a cobrar entre 5 y 30 céntimos en función del espesor de la bolsa, así como que sea compostable, es decir, que se degrade en un corto espacio de tiempo. También queda prohibida la comercialización de las bolsas de plástico ligeras oxodegradables, que aunque aparentemente degradables, “puede inducir a error designar esas bolsas como «biodegradables», ya que puede que no sean una solución a la dispersión de basura, sino que, por el contrario, aumenten la contaminación” según la directiva, que también indica que este tipo de bolsas deben ser objeto de más investigación. Las bolsas ligeras inferiores a las 15 micras, y que sean compostables sí podrán distribuirse de manera gratuita.

La directiva también dictamina que las bolsas tendrán que tener un etiquetado o símbolo que permita que el consumidor sepa en cual recipiente debe ser reciclada.

La cuestión ha dado pie al debate entre las grandes superficies y el pequeño comercio, así como entre los fabricantes y todos aquellos eslabones que puedan verse afectados por las medidas que se adopten. Será en los próximos meses cuando se definan las posiciones y la ley se redacte.

Para conocer la directiva:

Nace el Consejo Europeo de Alcaldes para luchar contra el cambio climático

El Pacto Europeo de Alcaldes ha fundado el Consejo Europeo de Alcaldes para dar así lugar a la mayor comunidad de ciudades comprometidas con los objetivos climáticos y energéticos de la UE. Esta nueva entidad, liderada por el Comité de las Regiones, tiene un objetivo: fomentar la lucha contra el cambio climático y demostrar que el respeto al medio ambiente es beneficioso en todos los sentidos, también en el económico. El Pacto Europeo de Alcaldes, lanzado en el año 2008 con la intención de aunar en un solo movimiento a los gobiernos locales con la intención de cumplir con los objetivos climáticos de la UE, ha entrado en una nueva fase con la puesta en marcha del Consejo Europeo de Alcaldes.

Los miembros han defendido que es el primer enfoque global que se realiza partiendo de la base de las ciudades que son la base de la lucha contra el cambio climático. Las tareas de este nuevo grupo de trabajo será la representación de las comunidades del Pacto Europeo; discutir orientaciones estratégicas; actuar como embajadores a la hora de lograr que nuevas ciudades se unan al movimiento; impulsar el diálogo; y compartir experiencias,visiones y conocimiento.

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Legalidad ambiental en la Unión Europea

Las amenazas ambientales no se detienen en nuestras fronteras. Por ello, los Estados miembros de la Unión Europea han acordado adoptar medidas que protejan la salud de los ciudadanos y el medio ambiente. El Derecho ambiental europeo garantiza que se apliquen las mismas normas a las empresas, y que los ciudadanos estén igualmente protegidos. Cuando no se respetan estas leyes, la Comisión está de su parte y hasta puede emprender acciones legales.

La legislación ambiental trata la protección tanto de los ciudadanos como de la naturaleza. Por ejemplo, las normas de calidad vinculantes relativas al agua y al aire, así como los límites de emisiones industriales, reducen los riesgos sanitarios y salvan vidas. Las medidas que protegen la biodiversidad y hacen frente al cambio climático también son positivas a nivel económico: subsanar errores es mucho más caro que evitarlos desde el principio. Por eso, la legalidad es una influencia positiva. La Comisión emprenderá acciones si los sistemas nacionales no abordan los incumplimientos del Derecho ambiental de la UE de forma sistemática. Otros asuntos, como las solicitudes de indemnización, se tramitan mejor a nivel nacional.

La Comisión Europea puede ayudar a emprender acciones y sanciones en el caso de residuos peligrosos que no hayan sido tratados correctamente siguiendo estos pasos:

  • Presentación de una denuncia relativa a la eliminación ilegal de residuos peligrosos
  • La Comisión investiga por medio de la cooperación informal con el Estado miembro
  • Le siguen una serie de advertencias, si no hay una reacción satisfactoria
  • La pasividad constante del Estado miembro deriva en acciones legales (Tribunal de Justicia de la UE)
  • Se eliminan los residuos peligrosos ilegales, lo que beneficia a los ciudadanos y el medio ambiente
  • Si el Estado miembro no cumple la sentencia del Tribunal de Justicia, la Comisión puede tomar otras acciones legales
  • imposición de multas

Aplicar la política de la UE aporta beneficios directos .Uno de cada seis empleos de la UE depende de la naturaleza y la biodiversidad .La Directiva sobre vertidos y la Directiva marco sobre residuos ayudan a aumentar el reciclaje y reducir los vertidos. Las Directivas sobre aves y hábitats ayudan a recuperar hábitats diezmados y a proteger las especies amenazadas .La Directiva sobre el tratamiento de las aguas urbanas y la Directiva de nitratos son esenciales para reducir la contaminación del agua y garantizar agua potable segura para todos.

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La UE aprueba nuevas normas para que los Estados miembros reduzcan la contaminación atmosférica

El Parlamento Europeo y el Consejo han sancionado a nueva Directiva sobre techos nacionales de emisión (Directiva TNE), basada en una propuesta de la Comisión que fija límites más estrictos para los cinco contaminantes principales en Europa. Entrará en vigor el 31 de diciembre de 2016.

Una vez que se haya aplicado íntegramente, la Directiva permitirá reducir en casi un 50 % en el horizonte de 2030 las negativas consecuencias para la salud de la contaminación atmosférica, tales como las enfermedades respiratorias y la muerte prematura. Pese a que los contaminantes atmosféricos son «asesinos invisibles», cada vez es mayor la concienciación y preocupación de los ciudadanos por la calidad del aire que respiran, de manera que el establecimiento de límites más estrictos en la Directiva TNE constituye un logro importante. También repercutirá muy favorablemente en la calidad del agua, el suelo y los ecosistemas y contribuirá a hacer frente a los efectos de partículas nocivas causantes del cambio climático, como el carbono negro. La Directiva constituye el núcleo del Programa «Aire Puro» para Europa de la Comisión, cuyo ámbito es más general.contaminacion

A los Estados miembros les corresponde un papel muy destacado en la coordinación y aplicación de la Directiva a nivel nacional. Deben transponer la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 30 de junio de 2018 y elaborar un programa nacional de lucha contra la contaminación atmosférica para el año 2019 donde se dispongan medidas que garanticen la reducción de las emisiones de los cinco contaminantes atmosféricos principales en los porcentajes acordados para 2020 y 2030. También deben establecer una coordinación con los planes existentes en los ámbitos del transporte, la agricultura, la energía y el clima. Ello requerirá la realización de inversiones, pero los costes quedarán holgadamente compensados por las economías de costes que se obtendrán, especialmente en lo que concierne a la asistencia sanitaria y las bajas laborales por enfermedad. La Comisión ha publicado recientemente una propuesta de Reglamento de gobernanza de la Unión de la Energía que pone de relieve la importancia de las sinergias entre la calidad del aire y las políticas climáticas y energéticas y la nueva Directiva TNE.

La Comisión colaborará con los Estados miembros para velar por una aplicación adecuada, a través de iniciativas como la creación, en otoño de 2017, de un nuevo Foro del «Aire Puro» donde se darán cita las partes interesadas para intercambiar experiencias y buenas prácticas. La Comisión facilitará asimismo el acceso a los instrumentos de financiación de la UE.

Por último, la Directiva sentará las bases para la ratificación del Protocolo de Gotemburgo revisado, que fue acordado a nivel internacional por los Estados miembros en 2012 en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. De este modo se reducirá la contaminación en estados de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central, lo que beneficiará tanto a los propios países como a los ciudadanos de la UE que se ven más directamente expuestos a la contaminación transfronteriza.

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Las sustancias químicas y su regulación en la Unión Europea

Nuestros hogares y oficinas están llenos de plástico, por ejemplo en juguetes, utensilios de cocina, cajas de almacenamiento y materiales de embalaje. Sin embargo, su eliminación tiene consecuencias medioambientales, especialmente si no se realiza correctamente. Además, los animales pueden confundir las micropartículas de plástico con alimentos.

El Reglamento REACH, aprobado por la UE en 2006, mejora la protección de la salud y el medio ambiente frente a los riesgos que plantean las sustancias químicas. También creó la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

Los consumidores tienen derecho a preguntar a los proveedores si los productos en venta contienen sustancias químicas tóxicas. En caso afirmativo, el proveedor debe especificar cuáles son estas sustancias. Por ley, las respuestas deben recibirse en un plazo máximo de cuarenta y cinco días. Los detergentes domésticos y los productos de bricolaje (decapantes, pegamentos, espumas, silicona…) están etiquetados con símbolos de advertencia, se envasan de forma segura y contienen instrucciones para un uso y almacenamiento seguros.

Las empresas deben registrar en la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) las sustancias químicas que fabriquen o importen. Hasta ahora, se han registrado unas 15.000 sustancias. La UE evalúa continuamente los riesgos para la salud y el medio ambiente, y la ECHA publica esta información.

La UE firmó, junto con unos noventa países más, un convenio para reducir o eliminar la producción, el uso o la liberación de contaminantes orgánicos persistentes (COP):sustancias químicas que se mantienen en el ambiente y que se acumulan en el organismo de los seres vivos a través del ciclo alimentario.

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