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Semana Europea de la Movilidad (16-22 septiembre 2017)

La Semana Europea de la Movilidad, de la que el MAPAMA es coordinador nacional, es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. Este año el lema es “Compartir te lleva más lejos”. El tema elegido este año por la Comisión Europea está centrado en la movilidad limpia.

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.

El 22 de septiembre se celebra además el evento ¡La ciudad, sin mi coche!, origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.

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El Parlamento Europeo quiere impulsar la manera de terminar con la obsolescencia programada

El pasado mes de julio, el Parlamento Europeo aprobó un texto por el que se insta a la Comisión a que, teniendo en cuenta la numerosa normalización y legislación ya aprobada en el seno de la UE, se establezcan criterios para que los productos que se comercializan incorporen ya desde su diseño, la consistencia, la posibilidad de reparación y la capacidad de evolucionar. En otras palabras, que los productos que se comercialicen tengan la suficiente calidad para durar más tiempo del que suelen hacerlo y permitir su reparación o adaptación. Es decir, terminar con la “obsolescencia programada”

La aparición de nuevas tecnologías o diseños hace que muchos de los aparatos que utilizamos hoy en día queden obsoletos al no admitir que se puedan incorporar a ellos nuevos descubrimientos o tecnologías, lo que ha hecho que muchos de los que se venden estén ya programados para durar un tiempo determinado, para posteriormente, ser sustituido por otro nuevo.

Esta crítica hacia los productos con una vida limitada a unos pocos años, va dirigida en gran parte a los aparatos electrónicos que han ido apareciendo en tiempos recientes: teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, etc, aunque puede hacerse extensiva a los electrodomésticos, automóviles, y a un sistema industrial basado en el usar y tirar.

La propuesta del Parlamento Europeo trata de evitar la numerosa basura electrónica que se está generando y buscar la manera para que se fomente la reparación y reutilización de los bienes. Es la denominada “economía circular” de la que la UE lleva tiempo hablando, es decir que los desechos industriales permitan su reutilización o reciclaje.

Para conseguir estos objetivos, el Parlamento Europeo, hace una serie de propuestas bastante generales y que en principio parece que tratan de indagar en las posibilidades de adaptación hacia lo que representaría plantear casi un nuevo modelo económico, que, por otro lado, no sería sino volver a un modelo anteriormente existente, en el que los aparatos eran susceptibles de ser reparados.

Algunas de las propuestas se refieren a cosas tan sencillas como son la disponibilidad de recambios, la intercambiabilidad de componentes (de manera que no sea la casa oficial la que exclusivamente pueda reparar el artefacto averiado), el aumento del periodo de garantía de los bienes, la incentivación fiscal para las empresas que fabriquen productos que se adapten a este sistema, la creación de una etiqueta que informe al consumidor sobre la duración del producto, la incorporación de instrucciones de recambio acompañando al producto, etc

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Obsolescencia programada

En su lucha contra la obsolescencia programada, el Parlamento Europeo quiere establecer unos criterios mínimos de resistencia para los productos y que los consumidores estén mejor informados sobre su vida útil. El objetivo es favorecer la reparación y reducir la generación de residuos. Los eurodiputados quieren establecer requisitos mínimos de resistencia para alargar la vida de los productos. Pero no siempre es posible reparar. Eso es lo que preocupa a esta asociación de consumidores radicada en Bruselas. A menudo los componentes están tan pegados entre sí que hay que romperlos para repararlos y luego no se pueden arreglar, o resulta que el componente estropeado forma parte de un conjunto y hay que cambiarlo entero, no se puede arreglar la pieza por separado. Además, hoy en día el coste de las reparaciones es prohibitivo.
El Parlamento quiere fomentar la fabricación de productos restaurables. Una de las medidas propuestas sería prohibir toda pieza que no se pueda desmontar. Además, los legisladores quieren que los consumidores estén mejor informados sobre la probable vida útil de cada producto.  De esta manera también se pretende promover un modelo de economía circular.

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Los alteradores endocrinos: un problema sanitario y medioambiental

En el día de ayer, representantes del Comité de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, votaron a favor de una propuesta de la Comisión por la que se tratará de identificar, con criterios científicos, los conocidos como alteradores o interruptores endocrinos en el campo de los pesticidas usados en agricultura.

Los alteradores o interruptores endocrinos, conocidos también por el anglicismo “disruptores endocrinos” o “disruptores hormonales”, son sustancias químicas, tanto artificiales como naturales, que afectan al cuerpo humano o de los animales pudiendo alterar su normal equilibrio hormonal y por tanto afectando a los procesos fisiológicos en que intervienen hormonas. Aunque pueden existir de forma natural, el problema que afecta a la salud humana y medioambiental viene dada por contaminantes artificiales que pueden alterar los metabolismos de los seres, teniendo consecuencias serias en el desarrollo y en la fertilidad de éstos y pudiendo ser origen de algunos cánceres.

Estas sustancias químicas se han convertido en algo relativa y desgraciadamente frecuente en nuestro medio ambiente actual. Pueden encontrase en las hormonas con las que se quiere acelerar el desarrollo de animales para el consumo de carne, en los pesticidas, en muchos artículos de higiene personal, en compuestos usados en la creación de plásticos, el envasado de alimentos en plásticos, juguetes, residuos industriales, etc.

Sin embargo, aunque hay evidencia del efecto negativo de estas sustancias químicas, y varias han sido suprimidas del mercado, definir cuáles son alteradores y cuáles no, o lo dañino que sean es una tarea difícil y en la que no hay un consenso claro en el Parlamento Europeo, donde diversos grupos argumentan que se  requiere de una investigación científica concluyente. Los grupos ecologistas del Parlamento agrupados en torno a Los Verdes, sin embargo, creen que los criterios para buscar nuevas definiciones, no hace otra cosa que retrasar la prohibición de muchos productos nocivos para la salud y el medio ambiente. Creen que con estos retrasos se está favoreciendo a la industria agroquímica por encima de la salud ciudadana.

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Guerra a la basura que generan las bolsas de plástico

Una directiva de la Unión Europea de 2015, la 720, sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico, va a encontrar su transposición a la legislación española a través del borrador de un decreto ley que está elaborando el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

La directiva europea aprobada en abril de 2015, obliga a los estados miembros a reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras (las que no superan un espesor de 50 micras) en un 80 % para el año 2025. En la consecución de ese objetivo, la directiva establecía una reducción del 50 % para el año 2019. Para conseguirlo daba dos opciones distintas a los estados miembros: o prohibir directamente la distribución gratuita de las bolsas, fijando un precio común para ellos en todos los establecimientos, o eximir de ello a las bolsas más ligeras (las que no superen las 15 micras, que son las típicas de fruterías, aunque obligando a que pudieran descomponerse en un breve espacio de tiempo).

Con el borrador que ahora elabora el ministerio español, a partir de enero de 2018 los comerciantes estarán obligados a cobrar entre 5 y 30 céntimos en función del espesor de la bolsa, así como que sea compostable, es decir, que se degrade en un corto espacio de tiempo. También queda prohibida la comercialización de las bolsas de plástico ligeras oxodegradables, que aunque aparentemente degradables, “puede inducir a error designar esas bolsas como «biodegradables», ya que puede que no sean una solución a la dispersión de basura, sino que, por el contrario, aumenten la contaminación” según la directiva, que también indica que este tipo de bolsas deben ser objeto de más investigación. Las bolsas ligeras inferiores a las 15 micras, y que sean compostables sí podrán distribuirse de manera gratuita.

La directiva también dictamina que las bolsas tendrán que tener un etiquetado o símbolo que permita que el consumidor sepa en cual recipiente debe ser reciclada.

La cuestión ha dado pie al debate entre las grandes superficies y el pequeño comercio, así como entre los fabricantes y todos aquellos eslabones que puedan verse afectados por las medidas que se adopten. Será en los próximos meses cuando se definan las posiciones y la ley se redacte.

Para conocer la directiva:

Nace el Consejo Europeo de Alcaldes para luchar contra el cambio climático

El Pacto Europeo de Alcaldes ha fundado el Consejo Europeo de Alcaldes para dar así lugar a la mayor comunidad de ciudades comprometidas con los objetivos climáticos y energéticos de la UE. Esta nueva entidad, liderada por el Comité de las Regiones, tiene un objetivo: fomentar la lucha contra el cambio climático y demostrar que el respeto al medio ambiente es beneficioso en todos los sentidos, también en el económico. El Pacto Europeo de Alcaldes, lanzado en el año 2008 con la intención de aunar en un solo movimiento a los gobiernos locales con la intención de cumplir con los objetivos climáticos de la UE, ha entrado en una nueva fase con la puesta en marcha del Consejo Europeo de Alcaldes.

Los miembros han defendido que es el primer enfoque global que se realiza partiendo de la base de las ciudades que son la base de la lucha contra el cambio climático. Las tareas de este nuevo grupo de trabajo será la representación de las comunidades del Pacto Europeo; discutir orientaciones estratégicas; actuar como embajadores a la hora de lograr que nuevas ciudades se unan al movimiento; impulsar el diálogo; y compartir experiencias,visiones y conocimiento.

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Legalidad ambiental en la Unión Europea

Las amenazas ambientales no se detienen en nuestras fronteras. Por ello, los Estados miembros de la Unión Europea han acordado adoptar medidas que protejan la salud de los ciudadanos y el medio ambiente. El Derecho ambiental europeo garantiza que se apliquen las mismas normas a las empresas, y que los ciudadanos estén igualmente protegidos. Cuando no se respetan estas leyes, la Comisión está de su parte y hasta puede emprender acciones legales.

La legislación ambiental trata la protección tanto de los ciudadanos como de la naturaleza. Por ejemplo, las normas de calidad vinculantes relativas al agua y al aire, así como los límites de emisiones industriales, reducen los riesgos sanitarios y salvan vidas. Las medidas que protegen la biodiversidad y hacen frente al cambio climático también son positivas a nivel económico: subsanar errores es mucho más caro que evitarlos desde el principio. Por eso, la legalidad es una influencia positiva. La Comisión emprenderá acciones si los sistemas nacionales no abordan los incumplimientos del Derecho ambiental de la UE de forma sistemática. Otros asuntos, como las solicitudes de indemnización, se tramitan mejor a nivel nacional.

La Comisión Europea puede ayudar a emprender acciones y sanciones en el caso de residuos peligrosos que no hayan sido tratados correctamente siguiendo estos pasos:

  • Presentación de una denuncia relativa a la eliminación ilegal de residuos peligrosos
  • La Comisión investiga por medio de la cooperación informal con el Estado miembro
  • Le siguen una serie de advertencias, si no hay una reacción satisfactoria
  • La pasividad constante del Estado miembro deriva en acciones legales (Tribunal de Justicia de la UE)
  • Se eliminan los residuos peligrosos ilegales, lo que beneficia a los ciudadanos y el medio ambiente
  • Si el Estado miembro no cumple la sentencia del Tribunal de Justicia, la Comisión puede tomar otras acciones legales
  • imposición de multas

Aplicar la política de la UE aporta beneficios directos .Uno de cada seis empleos de la UE depende de la naturaleza y la biodiversidad .La Directiva sobre vertidos y la Directiva marco sobre residuos ayudan a aumentar el reciclaje y reducir los vertidos. Las Directivas sobre aves y hábitats ayudan a recuperar hábitats diezmados y a proteger las especies amenazadas .La Directiva sobre el tratamiento de las aguas urbanas y la Directiva de nitratos son esenciales para reducir la contaminación del agua y garantizar agua potable segura para todos.

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