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Acuerdo sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos en la Unión Europea

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han llegado a un acuerdo político sobre un nuevo conjunto de normas que ofrecerán protección a la totalidad de los agricultores de la UE y a una gran mayoría de las empresas agroalimentarias de la Unión frente a las prácticas contrarias a los principios de buena fe y comercio justo.

La nueva legislación europea regulará los productos agrícolas y alimenticios que se comercializan en la cadena de suministro de alimentos y prohibirá por primera vez hasta dieciséis prácticas comerciales desleales impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro. Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes.

La Comisión Europea presentó su propuesta legislativa en abril de 2018 para garantizar una mayor equidad en la cadena de alimentos y ofrecer una protección mínima en toda la UE. Es la primera vez que se aplicarán normas a escala de la UE en este ámbito. El nuevo marco concede a los Estados miembros la autoridad necesaria para hacer cumplir la nueva reglamentación e imponer sanciones en caso de infracciones constatadas

El acuerdo alcanzado se aplicará a cualquier agente que participe en la cadena de suministro de alimentos con un volumen de negocios de hasta 350 millones de euros; por debajo de ese umbral, se ofrecerán diferentes niveles de protección. Las nuevas normas se aplicarán a minoristas, empresas de transformación de alimentos, mayoristas, cooperativas u organizaciones de productores, o a simples productores que realicen alguna de las prácticas comerciales desleales detectadas.

Entre las prácticas comerciales desleales que deben prohibirse están: las demoras en los pagos de productos alimenticios perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos, la obligación de que el proveedor se haga cargo de los gastos de los productos echados a perder y el rechazo de los contratos escritos.

Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes: un comprador que devuelva productos alimenticios no vendidos al proveedor; un comprador que cargue al proveedor unos gastos por asegurar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios, o un proveedor que corra con los gastos de una campaña de promoción, publicitaria o de comercialización de un comprador.

La aplicación de estas normas no se traducirá en unos precios más altos para los consumidores. En la consulta pública realizada por la Comisión antes de presentar la propuesta, las organizaciones de consumidores defendieron la regulación de estas prácticas debido al efecto negativo que tienen sobre los consumidores a largo plazo.

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Nueva normativa sobre comercio electrónico en la Unión Europea

El próximo tres de diciembre entra en vigor una normativa que permitirá a los consumidores comprar bienes y servicios en el sitio web de la UE que quieran, independientemente de si la compañía tiene tienda online en el país al que pertenece la dirección de Internet, IP, o tarjeta de crédito del cliente. El vendedor no está obligado a hacer un envío fuera del país en el que tiene su e-commerce. Esta nueva normativa europea abre la puerta a nuevas posibilidades de negocio en el sector de la paquetería. Además, se complementa con iniciativas clave para desarrollar el mercado único digital europeo como, por ejemplo, el fin de roaming, las nuevas normas sobre protección de datos y la portabilidad de los contenidos (es decir, la posibilidad de seguir usando, por ejemplo, la suscripción española a NetFlix, cuando se viaja a otro país de la UE). Además de un mercado único digital europeo, con estas iniciativas la UE está desarrollando un corpus de nuevos derechos digitales para los europeos.

Pero, ¿qué queda fuera del ámbito de las normas sobre bloqueo geográfico?.  Por un lado, los servicios de transporte, cuya normativa ya prohíbe la discriminación por razón de la nacionalidad y el lugar de residencia en el caso de los billetes de avión, el transporte en autobús y autocar, y el transporte marítimo y fluvial. Por otro, los servicios financieros al por menor ya que existen normas en vigor sobre hipotecas, apertura de cuentas bancarias o compra de seguros transfronterizos. Y por último, los servicios audiovisuales, en donde hay otras iniciativas en el marco de la Estrategia del Mercado Único Digital.

Por lo tanto, gracias a las nuevas normas, ya no habrá que hacer frente a obstáculos injustificados como el desvío hacia el sitio web específico de un país o el requisito de pagar con una tarjeta de débito o crédito de un país determinado. Se pondrá fin a la discriminación en línea por razón de la nacionalidad o el lugar de residencia e independientemente del lugar del que decidamos comprar, todos los consumidores de la UE recibiremos el mismo trato por parte de los vendedores en línea.

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La Unión Europea unificará la legislación sobre el uso de drones

Hasta ahora cada estado tiene su propia regulación sobre el uso de los drones, pero ahora la Unión Europea quiere que exista una norma estándar para todos los países miembros.

En España la ley que regula el uso de estos aparatos aéreos se modificó recientemente, el pasado diciembre. La nueva norma permite que los drones sobrevuelen las ciudades, pero cumpliendo con unos requisitos de seguridad establecidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (hasta entonces sólo podían sobrevolar espacios rurales), y con cometidos específicos (detectar daños arquitectónicos, transporte de material urgente hospitalario, vigilancia de seguridad, etc).

Las razones para esta regulación comunitaria es una demanda hecha por la mayoría de los estados miembros que ven como el incremento en el número de drones dificulta su reglamentación.

Se calcula que en unos 20 años, el tráfico aéreo se incremente en un 50 % como consecuencia del aumento de drones, y, por tanto se hace necesario reglamentar ese incremento. Y aquí hay que tener en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios que se pueden generar. En este apartado de perjuicios hay que considerar la seguridad, contaminación acústica o atmosférica, la protección de datos y de la intimidad y, en fin, todos los riesgos que puedan causar.

También el pasado diciembre, ya se acordó entre los representantes permanentes del Parlamento Europeo y del Consejo, la reglamentación de la AESA sobre seguridad aérea, calculando que el procedimiento de aprobación finalice en la primavera de este 2018. Según se prevé, para las operaciones de mayor riesgo con el uso de drones, se precisará de una certificación reglamentada.

Es de suponer que para el año 2019 exista ya una directiva común para toda la Unión Europea.

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¿Cómo saber cuándo se incorporan las Directivas de la Unión Europea al derecho español? (BD Seda)

La respuesta está en la base de datos SEDA del Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid, que ofrece la posibilidad de conocer vía web y de forma gratuita la transposición de las directivas comunitarias al ordenamiento jurídico español.
A diferencia de otras bases de datos legislativas como EUR-Lex, la actualización de SEDA es diaria.

 

Como es sabido, la Directiva es un tipo de norma comunitaria que obliga al Estado miembro a “obtener el resultado querido por la norma, pero deja a su elección la concreción de la forma y los medios de efectuarlo“. Esto significa que España tiene que adoptar las medidas legislativas necesarias para incorporar dichas directivas al derecho nacional.

La base de datos SEDA cuenta con un módulo especial dedicado a las Disposiciones Nacionales de Ejecución de las Directivas (DNE), en el que se pueden buscar disposiciones nacionales procedentes de directivas europeas según distintos criterios (área temática, fecha, palabra clave, etc.)

Se adjuntan pantallazos del proceso de búsqueda en la base de datos, en la que además se ofrece el acceso a texto completo en formato pdf y en español tanto de la directiva (aparecida en el Diario Oficial de la Unión Europea, versión española) como de la disposición adoptada por España (Boletín Oficial del Estado).

 

 

 

  • Consultar la Base de datos TRANSPOSICIONES (SEDA)
  • Otras bases de datos del Centro de Documentación Europea
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