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Procedimiento de infracción en la Unión Europea

Cuando un reglamento o una directiva europea se aprueba, los países de la Unión Europea tienen que incorporarlos a sus legislaciones nacionales. Pero en algunos casos estas transposiciones se incumplen y por eso en su momento se creó el procedimiento de infracción para garantizar su cumplimiento.Ésto sólo se puede hacer en los temas que la UE tiene competencias como el transporte, temas de competencia, el comercio, la energía o el medio ambiente.

El procedimiento de infracción es de esta manera:

  1. La Comisión Europea detecta una posible infracción basándose en sus investigaciones o en denuncias de ciudadanos, empresas y otras partes interesadas.
  2. A continuación, la Comisión envía una carta al país pidiendo a sus autoridades que aporten más información sobre por qué no se está cumpliendo una norma. El país tiene entonces un plazo de dos meses para explicar la situación.
  3. Este país envía la carta explicando las razones. La Comisión evalúa entonces si la respuesta es adecuada o si se toman medidas. En el caso de que la respuesta no sea satisfactoria, envía una petición formal para que se cumpla las normas. El país tiene otra vez un plazo de tiempo de al menos dos meses para responder.
  4. Si se sigue sin cumplir, se remite el caso al Tribunal de Justicia de la UE, que puede imponer una sanción. También se acude a este Tribunal si un país no comunica a tiempo las medidas. Sin embargo, la gran mayoría de los asuntos se resuelven antesde llegar a este extremo.
  5. Si el Tribunal de Justicia considera que se ha infringido la legislación de la UE, el país en cuestión debe tomar medidas para ajustarse a la sentencia.
  6. Si, a pesar de la sentencia, el país de la UE sigue sin corregir la situación, la Comisión puede devolver el asunto al Tribunal y proponer sanciones económicas.

Todos los ciudadanos, las empresas, las ONG y otras partes interesadas pueden ponerse en contacto con la Comisión Europea para notificar una presunta infracción. Lo único que tienen que hacer es asegurarse de que se encuentra dentro de las competencias de la UE y rellenar un formulario electrónico de denuncia accesible en línea.

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La Justicia Europea condena a España a una multa por no tratar las aguas residuales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a una multa de doce millones de euros por no cumplir con la normativa comunitaria en materia de tratamiento de aguas residuales. Además la multa se incrementará once millones por cada semestre en que se prolongue este incumplimiento.

El caso viene de antiguo, de 2010, cuando la Comisión Europea denunció al estado español porque ciertos municipios de más de 15.000 habitantes no tenían colectores ni sistemas de tratamiento de las aguas residuales. Al año siguiente, en 2011, el Tribunal de Justicia confirmó el incumplimiento y dio un plazo hasta 2013 para revertir el incumplimiento.

Pero el año pasado hubo una nueva denuncia porque el estado español seguía sin cumplir la sentencia en 17 municipios con ese número de habitantes. Los municipios son : Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona- San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate en Andalucía; Gijón Este en Asturias; Santiago de Compostela, Aguiño- Carreira- Ribeira y Vigo en Galicia; Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moreira en la Comunidad Valenciana y finalmente, en Canarias, Valle Guerra noreste y valle de Güímar.

El Tribunal de Justicia, alerta de que la falta de esos sistemas colectores depuradores es perjudicial para el medio ambiente, y que, además, la reiteración en el incumplimiento supone una circunstancia agravante.

La Directiva europea que obliga a la construcción de estos colectores para la depuración de las aguas residuales daba de plazo para su implantación el último día del año 2000. Teniendo en cuenta que la ejecución de la sentencia condenatoria de estos días no se ejecutará hasta el próximo 2019, y que por tanto el retraso en la aplicación de la directiva ha cumplido ya 18 años, el Tribunal Europeo ha impuesto la multa semestral de once millones de euros como una medida disuasoria para que España cumpla su obligación legal.

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La mayor multa impuesta a una compañía por la Unión Europea: 2.420 millones de euros

La Comisión Europea ha impuesto a la compañía Google una multa de 2.420 millones de euros, la mayor impuesta hasta la fecha a una sola compañía, por no respetar la libre competencia y favorecer una posición dominante.

Para la Comisión, Google, la herramienta de búsquedas en internet más importante, y que tiene además una plataforma de ventas (Google Shopping), favorecía la aparición de sus anuncios en primer lugar cuando un usuario utilizaba Google buscando algún producto, es decir, los anunciantes que utilizaban Google Shopping, eran los que iban a aparecer primero en los resultados de la búsqueda, con lo que, obviamente ganaban en visibilidad, incluso, según apunta la investigación de la Comisión, aquellos productos que no utilizaran Google Shopping, podrían no aparecer en los resultados de la búsqueda.

De confirmarse esto, la compañía norteamericana estaría infligiendo una de las principales políticas del mercado único interior europeo: la libre competencia.

La compañía norteamericana que ya ha mostrado su “respetuoso desacuerdo” con Bruselas, cuenta con 90 días para “poner fin a su conducta”, según ha explicado la Comisaria de Competencia europea. Si no lo hacen, acumularán una multa diaria correspondiente al 5% de los ingresos diarios a nivel mundial de la empresa matriz de Google, Alphabet, o sea, unos 12 millones de euros al día y unos 4.000 millones de euros al año. Además, fuentes comunitarias han explicado que aunque Google recurra ante la Justicia europea deberá cumplir con lo exigido en tres meses.

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Se abre el plazo para reclamar el sobreprecio de los camiones

En julio del pasado año, la Comisaria de la Competencia de la Unión Europea, publicó una decisión por la que se imponía una sanción económica cercana a los 3000 millones de euros a varios fabricantes europeos de camiones por haber creado un cártel pactando precios, lo que va en contra de la libre competencia que defiende la UE.

La investigación llevada a cabo por la Comisión Europea, concluyó que entre los años 1997 a 2011, es decir, durante 14 años, reconocidas marcas europeas de fabricantes de camiones habían pactado los precios de venta, así como retrasar deliberadamente y de forma conjunta, la introducción de nuevas tecnologías que permitieran una menor emisión contaminante de sus vehículos.

El pasado mes de abril, la Decisión de multar a las compañías fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, y desde entonces se ha abierto un plazo para que los transportistas que compraron vehículos de las marcas sancionadas puedan reclamar el sobrecoste que pagaron. La plataforma, creada por varias firmas de abogados, se denomina RECLAMATUCAMIÓN y va dirigida a los transportistas que compraron sus camiones y quieran reclamar el sobrecoste.

La cifra que los fabricantes puedan tener que pagar no es pequeña, pues se supone que en ese periodo de tiempo se llegaron a comprar cerca de diez millones de vehículos, 200.000 de ellos en España. Esto podría convertir al caso en el mayor caso europeo de indemnizaciones por daños y perjuicios.

El sobrecoste que los fabricantes imponían a los transportistas compradores podía a su vez ser repercutido en el coste del traslado de mercancías, con lo que, al final, los usuarios del transporte de mercancías, es decir, todos nosotros, pues ahí deben entrar en consideración cosas tan básicas como los alimentos, hemos visto incrementado lo que hemos pagado.

Enlace a la decisión:

Las sanciones de la Unión Europea

La adopción de medidas restrictivas o sanciones es un instrumento de Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea que puede ser usado con el fin de producir un cambio en la política o la conducta del país, la parte de un país, el gobierno, las entidades o los individuos. Pueden imponerse a iniciativa propia o con el fin de aplicar las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en cumplimiento del Derecho Internacional. Este tipo de medidas son adoptadas por el Consejo y están concebidas para reducir al mínimo las consecuencias no deseadas para quienes no son responsables. Las sanciones pueden ser de diversos tipos: sanciones diplomáticas, embargos de armas, sanciones económicas o prohibiciones de exportar o importar.

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