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Los eurodiputados exigen acabar con los abusos de la seguridad privada

Los recortes que han sufrido los ejércitos o las plantillas de las fuerzas de seguridad, han dado un mayor protagonismo a las empresas privadas de seguridad. Poder recurrir a ellas cuando se necesita de vigilancia, seguridad o incluso de misiones en el extranjero, mediante contratos temporales que pueden ejecutarse rápidamente, ha hecho que muchas misiones que correspondían a profesionales cualificados hayan caído en manos de esas empresas privadas. Es por ello que el Parlamento Europeo pide una mayor reglamentación de estas empresas y que no intervengan en operaciones de tipo militar.

El septiembre de 2007, diecisiete civiles fueron asesinados en Bagdad por empleados de una empresa de seguridad privada contratada por el ejército norteamericano. El hecho generó una gran indignación y cuestionó en gran manera el hecho de utilizar la subcontratación de empresas privadas cuando se trata de cubrir asuntos de seguridad. Las empresas de seguridad privada, prestan servicios que van desde guardias de seguridad armados, hasta el apoyo en el combate, pasando por cuestiones tan delicadas como son la administración de prisiones e interrogatorios, o la inteligencia e investigación.

En 2013, la Unión Europea contaba con 40.000 empresas de seguridad privada, que daban empleo a más de un millón y medio de trabajadores.

Las empresas y sus trabajadores han sido acusados en numerosas ocasiones de un trato indigno y de escapar a los controles gubernamentales que sí suelen tener los cuerpos de seguridad estatales o el ejército. De hecho, la percepción que de ellos se tiene, en misiones exteriores, en general no es muy positiva.

Por todo ello, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, ha aprobado hoy una resolución que pide una normativa europea uniforme que regule las empresas de seguridad privada. El objetivo es garantizar la responsabilidad en caso de abusos y violaciones de derechos humanos, la supervisión del personal y el reconocimiento de malas conductas, así como evitar intromisiones en las competencias militares.

La comisión de Asuntos Exteriores aduce una falta de rendición de cuentas  que tiene implicaciones negativas para los objetivos de la política exterior de la Unión Europea. La Eurocámara quiere inspirarse en prácticas que siguen la ONU o la OTAN mediante una lista abierta de empresas de seguridad que cumplen los estándares europeos en transparencia, registros criminales, capacidad económica, licencias y la adhesión a un código internacional de conducta.

Los eurodiputados señalan también que el uso de contratistas privados se ha de limitar al apoyo logístico y a la protección de instalaciones y que solo las empresas con sede en la Unión Europea deben ser contratadas para la protección en el extranjero.

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