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La Comisión Europea denuncia a Polonia ante el Tribunal de Justicia Europeo

Bruselas parece hartarse de la deriva autoritaria que algunos países orientales miembros de la UE están tomando. Si hace unos días, el Parlamento Europeo decidió sancionar a Hungría por incumplir las normas de la Unión sobre democracia, derechos civiles y corrupción, ahora es la Comisión la que va a llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La razón: la reforma que el gobierno polaco ha hecho de su Tribunal Supremo. La ley que permite esa reforma, presentada, paradójicamente por el partido llamado Ley y Justicia, pretende hacer un Tribunal Supremo a su medida. La ley quiere jubilar anticipadamente a más de un tercio de los jueces de ese Tribunal, incluido su presidente. La ley permite que estos jueces puedan solicitar una prórroga por un periodo de tres años, prorrogable una vez más, pero la prórroga queda al libre criterio del presidente de la República que puede denegarla sin que quepa recurso a la negativa.

La Comisión Europea plantea que la ley polaca, que entró en vigor el pasado 3 de abril, es incompatible con el derecho comunitario, por socavar el principio de independencia del poder judicial, que incluye la inamovilidad de los jueces.

La Comisión ya avisó al gobierno polaco del incumplimiento, pero la respuesta de éste no fue satisfactoria. Por ello se presenta ahora la denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo y se le insta para que tome medidas cautelares contra Polonia en cuanto no se resuelva el problema. Por esa razón también se pide al Tribunal que el procedimiento para resolver el asunto sea acelerado.

El desafío por parte del gobierno polaco no se ha hecho esperar. El viceprimer ministro polaco ya ha anunciado que si el Tribunal Europeo cuestiona la ley polaca, tendrán que ignorarlo.

La situación del gobierno polaco preocupa a la Comisión Europea desde principios del año 2016 y desde entonces se vienen dando conversaciones con el gobierno polaco dentro del Marco del Estado de Derecho.

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La Justicia Europea condena a España a una multa por no tratar las aguas residuales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a una multa de doce millones de euros por no cumplir con la normativa comunitaria en materia de tratamiento de aguas residuales. Además la multa se incrementará once millones por cada semestre en que se prolongue este incumplimiento.

El caso viene de antiguo, de 2010, cuando la Comisión Europea denunció al estado español porque ciertos municipios de más de 15.000 habitantes no tenían colectores ni sistemas de tratamiento de las aguas residuales. Al año siguiente, en 2011, el Tribunal de Justicia confirmó el incumplimiento y dio un plazo hasta 2013 para revertir el incumplimiento.

Pero el año pasado hubo una nueva denuncia porque el estado español seguía sin cumplir la sentencia en 17 municipios con ese número de habitantes. Los municipios son : Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona- San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate en Andalucía; Gijón Este en Asturias; Santiago de Compostela, Aguiño- Carreira- Ribeira y Vigo en Galicia; Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moreira en la Comunidad Valenciana y finalmente, en Canarias, Valle Guerra noreste y valle de Güímar.

El Tribunal de Justicia, alerta de que la falta de esos sistemas colectores depuradores es perjudicial para el medio ambiente, y que, además, la reiteración en el incumplimiento supone una circunstancia agravante.

La Directiva europea que obliga a la construcción de estos colectores para la depuración de las aguas residuales daba de plazo para su implantación el último día del año 2000. Teniendo en cuenta que la ejecución de la sentencia condenatoria de estos días no se ejecutará hasta el próximo 2019, y que por tanto el retraso en la aplicación de la directiva ha cumplido ya 18 años, el Tribunal Europeo ha impuesto la multa semestral de once millones de euros como una medida disuasoria para que España cumpla su obligación legal.

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La Justicia Europea contra el grupo de “Visegrado”

La reunión de Hungría, Polonia, Eslovaquia y la república Checa en el llamado grupo de Visegrado, se está convirtiendo en un molesto obstáculo para el desarrollo de las políticas de la Unión Europea. A pesar de que el “grupo” se formó en 1991 con la idea de acelerar el proceso de integración europea, lo que consiguieron en 2004. Eran otros los tiempos y otros los dirigentes que gobernaban esos países.

La cuestión de aceptar refugiados, principalmente procedentes de Siria, de acuerdo a unas cuotas establecidas, fue recurrida por Hungría y Eslovaquia, apoyadas por Polonia, ante el Tribunal de Justicia Europeo en el año 2015.

En ese año, ante la presión migratoria que recibían países como Grecia e Italia, la UE decidió que se crearan cuotas en el número de inmigrantes que se repartirían entre los diferentes países miembros.

Los cuatro países del grupo de Visegrado, se negaron aceptar esas cuotas, además de Rumanía, y Hungría y Eslovaquia llevaron el caso a los tribunales de justicia europeos.

La semana pasada el Tribunal de Estrasburgo, desestimó los recursos que presentaban Hungría y Eslovaquia. La respuesta airada del presidente húngaro no se ha hecho esperar: “Hungría no es un país de migrantes y no quiere serlo. No puede aceptar que le obliguen a ello”.

El Tribunal de Justicia alega que es responsabilidad y obligación de todos los Estados miembros acatar la decisión que el Consejo Europeo adoptó ante una “situación de emergencia”.

Sin embargo, la solución no ha sido bien resuelta todavía. Según el eurodiputado Claude Moraes, solamente 28000 refugiados de un total de 160.000 han sido reubicados en otros países de la UE.

El respaldo que el Tribunal de Justicia Europeo ha dado a la política de redistribución que adoptó la Comisión en su momento es visto por el eurodiputado mencionado como el fin de una excusa para que las política de acogimiento avance de manera definitiva.

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Préstamo de libros electrónicos en la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la UE ha determinado que el concepto de préstamo de un libro electrónico es equivalente al de uno tradicional en lo que respecta a los derechos de autor. En su sentencia, reconoce que esta protección debe adaptarse a las nuevas realidades económicas, y considera que la exclusión de los e-books atentaría contra la propiedad intelectual. En su sentencia, el organismo europeo ha resuelto que la protección de los derechos de autor debe adaptarse a las nuevas realidades económicas, y que la exclusión completa de los e-book supondría un atentado contra el elevado nivel de protección de los derechos de autor. Además, también ha reconocido el derecho de los Estados miembros a establecer condiciones adicionales para mejorar la protección de estos derechos.

Tribunal de Justicia de la UE

CVRIA, la App del Tribunal de Justicia de la UE

Esta aplicación es la herramienta para quienes desean estar al tanto del trabajo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Proporciona un fácil acceso a las últimas resoluciones del Tribunal de Justicia, del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública (incluyendo sentencias, conclusiones y autos) y a los últimos comunicados de prensa.

También incluye la agenda del Tribunal, con información sobre vistas, sentencias y opiniones de las siguientes semanas. Para quienes precisen de una información más detallada, un servicio de búsqueda proporciona un acceso sencillo a toda la jurisprudencia del Tribunal. Las búsquedas pueden llevarse a cabo por número de asunto, nombre de las partes, fecha y texto libre. Edición para iPad y Android.

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