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May abre la posibilidad a la celebración de un segundo referéndum sobre el brexit

Las dificultades que ha venido encontrando la primera ministra británica, Theresa May, para que el Parlamento apruebe el plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea, y la necesidad de plantear un camino antes del 31 de octubre ha abierto una posibilidad a la celebración de un segundo referéndum.

Tras el rechazo, por tres veces consecutivas, del acuerdo alcanzado con la UE sobre la salida por parte del parlamento británico, la UE concedió una extensión hasta el 31 de octubre de este año y la primera ministra debe conseguir alguna disposición para esa fecha.

Ayer, May planteó ante el Parlamento unas modificaciones al acuerdo de salida que pretenden contentar a los diferentes grupos parlamentarios: respetar la situación actual de la frontera norirlandesa (para contentar al partido Unionista de Irlanda del Norte), proteger los derechos de los trabajadores y la relación comercial con la UE así como respetar medidas medioambientales, para contentar a los laboristas, y, por otro lado, llevar irremediablemente a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para contentar a los conservadores y especialmente al ala más radical a favor del brexit. Sin embargo, para contentar a los dos grupos parlamentarios anti brexit, los escoceses del SNP y los liberales, que dieron la campanada en las últimas elecciones locales, May propone que el Parlamento también decida si quiere o no celebrar un segundo referéndum que confirme si los británicos quieren dejar la UE o no.

En definitiva, ante los rechazos consecutivos a su política respecto al abandono de la UE, Theresa May, parece que quiere dejar la pelota en el tejado del parlamento, cuando además no encuentra un respaldo unánime en su propio partido, el conservador.

Allí parece que se están afilando las espadas para sustituir a May, quién también reconoció que si en las próximas decisiones parlamentarias de principios de junio no consigue el apoyo a sus propuestas, podría dimitir.

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Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y China: la Nueva Ruta de la Seda

Que China se ha convertido en una potencia económica es una cuestión que nadie duda y en momentos cambiantes en que el comercio mundial parece encogerse, los líderes chinos han lanzado una ofensiva comercial sin precedentes a la que han venido denominando como la Nueva Ruta de la Seda.

Para ello, la semana pasada se celebró en Beijing el segundo foro (el primero tuvo lugar en 2017) sobre el proyecto por ellos denominado la Nueva Ruta de la Seda, que reunió a más de 150 representantes de diferentes países.

La idea del proyecto es reforzar la cooperación internacional en diferentes aspectos, aunque obviamente, el aspecto económico y comercial es el fundamental. El ambicioso proyecto pretende extenderse hacia todos los continentes: Eurasia, África, Iberoamérica, y Oceanía.

El plan que propone China es el de crear infraestructuras de transporte que permitan unas mejores conexiones internacionales. El proyecto se refiere a la construcción de líneas ferroviarias, mejoras de instalaciones portuarias, carreteras, etc que faciliten el intercambio. Para ello, China está dispuesta a poner sobre la mesa el dinero necesario en forma de créditos, lo que a más de uno le hace plantearse si no será una forma de endeudar excesivamente a países con menos recursos, deuda que ataría a esos países con los intereses chinos.

Salvar la reticencia de algunos de los países, fue la misión que el presidente chino, Xi Jinping, trató de conseguir en su discurso del pasado 26 de abril asegurando que la cooperación entre las naciones se basará en los principios de mercado y será ecológica, sostenible y transparente.

Sin embargo las reticencias continúan. Estados Unidos ve el proyecto como una expansión del área de influencia china; Japón y Corea del Sur ven peligrar sus áreas de influencia comercial y la Unión Europea quiere ver la evolución del proyecto antes de tomar una decisión conjunta. Sin embargo, Italia así como varios países orientales de la UE (las repúblicas bálticas, Hungría, Polonia), Grecia y Portugal se han adelantado a esta decisión, y han firmado o firmarán con China acuerdos de cooperación.

Desde Bruselas se ve con preocupación esta “independencia” que han asumido algunos de los países miembros y les recuerda a estos que deben atenerse a las normas comunitarias en todos los acuerdos que firmen. Resulta evidente que la necesidad de inversiones en los países menos desarrollados en asuntos tan importantes como las infraestructuras es el motivo principal para la firma de los acuerdos.

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Un acuerdo sobre el “brexit” en el horizonte

A cinco meses de la fecha en que el “brexit” se haga efectivo, parece que un principio de acuerdo está próximo.

Ayer, la primera ministra británica, Theresa May se reunió con su gobierno para debatir sobre el preacuerdo. La disposición de su gobierno a respaldarlo fue la primera buena noticia que recibe May desde hace un tiempo, criticada desde varios frentes, aunque la presentación del acuerdo en el Parlamento y su votación, será el momento decisivo, pues los euroescépticos darán su opinión y su voto, y tampoco parece que otras fuerzas políticas del parlamento tengan muy claras sus políticas respecto al “brexit”

El documento borrador del acuerdo posee cerca de 600 páginas, con lo que es pronto para conocer todos los detalles incluidos en él, y por el momento, todos son tímidas reacciones antes de conocerlos en profundidad. Algunas cuestiones polémicas sí parecen haberse resuelto en el acuerdo: la posibilidad de extender el periodo de transición (anteriormente fijada hasta diciembre de 2020), respetar una frontera permeable entre las dos Irlandas, y el respeto hacia los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Reino Unido y de los británicos residentes en la UE. Tema aparte será la cuestión de Gibraltar, en el cuál los dos países afectados, España y Reino Unido, tendrán que sentarse a negociar.

Por su parte, la Unión Europea parece también satisfecha de que un inicio de acuerdo se haya resuelto. Aunque la satisfacción sólo ha sido mostrada por los dirigentes, no por los países miembros, a falta de conocer los detalles del acuerdo. El presidente del Consejo, Donald Tusk, ha convocado al resto de los 27 países miembros para el próximo día 25 de noviembre para analizar y debatir el borrador.

Por lo tanto, aunque evidentemente existe satisfacción porque parece que se ha dado un salto adelante en la negociación que parecía atascada, todavía quedan muchas cosas por resolver, y sobre todo, muchos participantes que tendrán que dar el visto bueno a lo inicialmente acordado. El hecho de que el borrador recoja la posibilidad de extender el periodo de aplicación del brexit, más allá de diciembre de 2020, muestra que quedan bastantes aspectos por definir.

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A seis meses del “brexit” todavía quedan muchas cosas pendientes de negociar

El 29 de marzo de 2019, Reino Unido abandonará la Unión Europea y todavía es una incógnita las consecuencias que el abandono va a provocar. El pasado mes de agosto los titulares de las noticias hablaban de que el gobierno británico estaba preparando a sus ciudadanos para afrontar un “brexit duro”, entendiendo con ello que no iba a existir un acuerdo pactado entre las dos partes.

El problema de que las negociaciones no vayan encontrando una solución se debe sobre todo a cuestiones políticas internas de Reino Unido. Podría decirse que hay una gran división entre los británicos (como se mostró en el propio referéndum, en que los partidarios del Sí fueron un 52%y los del No un 48 %. Aunque muchos pro-europeos quieren un nuevo referéndum, esa opción parece ya descartada con el argumento de hacer caso al resultado de la consulta. Pero decididos ya a abandonar la Unión, la división nace de los partidarios de romper con la Unión Europea y los partidarios de guardar una profunda relación con ella.

Entre estos últimos está la Primera Ministra, Theresa May, que ya está advirtiendo a sus correligionarios de su partido que es o adoptar el plan Chequers, propuesto por ella, o lanzarse al abismo con todas sus consecuencias.

Parece razonable pensar que finalmente se adoptará el acuerdo porque cada vez son más las voces que están advirtiendo del peligro que supone el abandono de la UE sin acuerdos previos.

A esas voces se unió ayer la de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien advirtió que con un acuerdo, se produciría una caída de la libra esterlina y un aumento de los intereses de la deuda, pero que aún habría un cierto crecimiento. En caso de terminar la relación sin acuerdo, la situación sería mucho peor.

El plan presentado por May (llamado “plan de Chequers” por haberse fraguado en esa población, lugar de veraneo de la primera ministra) expone crear un área de libre comercio entre los países miembros de la UE y el Reino Unido. También plantea que no exista una frontera entre Irlanda y el Ulster.

Sin embargo, hay opositores a este plan pues consideran que permanecer en la esfera económica y comercial de la UE no es cumplir con el resultado del referéndum.

Y la cuestión es que el acuerdo, o lo que sea que se vaya a alcanzar, debe tener el visto bueno del Parlamento británico.

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Londres y Bruselas aceleran las conversaciones sobre el “brexit”

La fecha para la salida del Reino Unido de la Unión Europea se va acercando (el 29 de marzo del próximo año) y las negociaciones entre Londres y Bruselas todavía no han llegado a acuerdos formales, con lo que ambas partes tienen que acelerar en el proceso de las conversaciones. Se habla de tener acuerdos formales para finales del próximo octubre o principios de noviembre, de manera que cuando llegue la fecha del 29 de marzo, la salida del Reino Unido se haga de la manera más ordenada posible.

Hay algunos aspectos, como la seguridad o la política de Defensa en los que no hay ninguna duda y existirá una cooperación clara. Pero hay otros aspectos, como la frontera norirlandesa, el acuerdo de retirada y la declaración política de la futura relación que deben definirse claramente.

A pesar de las supuestas buenas intenciones, ayer el gobierno británico publicó una serie de avisos que los ciudadanos británicos habrían de tener en cuenta si al final ambas partes no llegasen a un acuerdo en todos los aspectos.

Algunos de estos avisos hacen referencia a restricciones bancarias que podrían tener los británicos residentes en la UE y que podría llevarles a perder el acceso a sus cuentas bancarias, debido a que los bancos ingleses ya no accederían al sistema de pagos de la UE. El pago con tarjetas de crédito en la UE por parte de los británicos también les resultaría más caro. Peor parados saldrían los pensionistas británicos residentes en la UE, pues podrían perder la capacidad de acceder a servicios de préstamo o depósitos, así como contratos de seguros.

Por otro lado, se avisa a las empresas de que, en caso de no existir acuerdo, la entrada y salida de bienes procedentes o con destino a la UE, deberían pasar una declaración aduanera y posibles tarifas. Como un aspecto derivado de esta cuestión el servicio sanitario británico podría afrontar un problema de abastecimiento de medicinas.

Claro que para evitar la vergüenza, la publicación del gobierno británico afirma que también pueden existir condiciones beneficiosas en el caso de no haber acuerdo con la UE, como por ejemplo, tener el pleno control de sus leyes y regulaciones, rebajar tarifas aduaneras o llegar a acuerdos comerciales competitivos.

No obstante, insiste en que se tratará de llegar a acuerdos que no interrumpan la normal relación que ha existido entre ambas partes.

Por su parte, el representante de la UE, afirma que si no se llegan a acuerdos no es tanto por la parte comunitaria, sino por la complejidad que supone la pertenencia (en este caso, lo contrario, la salida) a una organización que posee sus normas, leyes, jurisdicciones, etc que hay que respetar y, según sus propias palabras: “El Reino Unido conoce muy bien porque también la ha construido”

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Hay algunos aspectos, como la seguridad o la política de Defensa en los que no hay ninguna duda y existirá una cooperación clara. Pero hay otros aspectos, como la frontera norirlandesa, el acuerdo de retirada y la declaración política de la futura relación que deben definirse claramente.

A pesar de las supuestas buenas intenciones, ayer el gobierno británico publicó una serie de avisos que los ciudadanos británicos habrían de tener en cuenta si al final ambas partes no llegasen a un acuerdo en todos los aspectos.

Algunos de estos avisos hacen referencia a restricciones bancarias que podrían tener los británicos residentes en la UE y que podría llevarles a perder el acceso a sus cuentas bancarias, debido a que los bancos ingleses ya no accederían al sistema de pagos de la UE. El pago con tarjetas de crédito en la UE por parte de los británicos también les resultaría más caro. Peor parados saldrían los pensionistas británicos residentes en la UE, pues podrían perder la capacidad de acceder a servicios de préstamo o depósitos, así como contratos de seguros.

Por otro lado, se avisa a las empresas de que, en caso de no existir acuerdo, la entrada y salida de bienes procedentes o con destino a la UE, deberían pasar una declaración aduanera y posibles tarifas. Como un aspecto derivado de esta cuestión el servicio sanitario británico podría afrontar un problema de abastecimiento de medicinas.

Claro que para evitar la vergüenza, la publicación del gobierno británico afirma que también pueden existir condiciones beneficiosas en el caso de no haber acuerdo con la UE, como por ejemplo, tener el pleno control de sus leyes y regulaciones, rebajar tarifas aduaneras o llegar a acuerdos comerciales competitivos.

No obstante, insiste en que se tratará de llegar a acuerdos que no interrumpan la normal relación que ha existido entre ambas partes.

Por su parte, el representante de la UE, afirma que si no se llegan a acuerdos no es tanto por la parte comunitaria, sino por la complejidad que supone la pertenencia (en este caso, lo contrario, la salida) a una organización que posee sus normas, leyes, jurisdicciones, etc que hay que respetar y, según sus propias palabras: “El Reino Unido conoce muy bien porque también la ha construido”

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La unidad europea se resquebraja ante el problema de los refugiados

La noticia del barco “Aquarius”, un barco de salvamento con más de 600 inmigrantes subsaharianos en su interior, navegando en el Mediterráneo sin un rumbo fijo después de que Italia no le permitiera atracar en sus puertos, ha desatado una crisis en el seno de la Unión Europea que se venía gestando desde hacía tiempo.

El ministro del interior italiano, Matteo Salvini, de la Liga Norte, se ha estrenado en el ministerio con una decisión coherente con su programa político antiinmigración, pero nada coherente con el programa unitario y solidario que pretendidamente quiere ser la Unión Europea.

La crisis del barco “Aquarius” finalmente resuelta por la aceptación española de acoger a los refugiados, ha creado una gran tensión entre Italia y el presidente francés Macron, quién afeó la postura del gobierno italiano, tildándola de “vomitiva”. La tensión entre ambos países está servida.

Pero el ministro italiano, ha aprovechado la situación creada por el barco, para hacer campaña sobre la cuestión migratoria en Europa. Ayer en el Senado italiano, Salvini ha abogado por que se cree una nueva política migratoria para la UE, y parece contar con el apoyo del primer ministro austríaco y el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, quien también había criticado anteriormente la política de refugio defendida por la canciller Angela Merkel.

Que otros países, como el llamado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa), se apunten a ese eje antinmigración, una vez que han mostrado repetidamente el rechazo a la migración, es fácil de imaginar.

La tensión pues está en el aire y habrá que ver cómo se manifiesta en la cumbre que los días 28 y 29 de junio reunirá al Consejo Europeo, es decir a todos los líderes de los países miembros. En la agenda, entre otras cosas, la reforma de la zona euro y el tema de la inmigración ilegal.

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