Las pruebas para las oposiciones de la UE podrán realizarse en cualquiera de sus lenguas oficiales

El Tribunal General de la UE falla a favor de España e Italia y ha anulado tres convocatorias de oposiciones publicadas por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). Los países mediterráneos denunciaron que las pruebas de la EPSO eran discriminatorias para cualquier idioma que no fuera el alemán, inglés o francés. Ahora, EPSO tiene dos meses para interponer un recurso de casación. Entre diciembre de 2012 y enero de 2013, la EPSO publicó tres convocatorias de oposiciones generales para la constitución de listas de reserva. Estas convocatorias exigían que los aspirantesEPSO

a la plaza tuvieran conocimiento de una de las 23 lenguas oficiales que existían en la Unión Europea en aquel momento y un conocimiento satisfactorio de una segunda lengua. Los candidatos debían elegir entre el alemán, el inglés o el francés para comunicarse con la EPSO durante el proceso de selección y en el desarrollo de las pruebas de la oposición. Tras quedar sus idiomas junto con 18 más fuera de la lista, Italia y España solicitaron al Tribunal General de la Unión Europea que anulara las citadas convocatorias de oposición por considerarlas discriminatorias. Alegaban que la convocatoria “infringía el régimen lingüístico de la Unión Europea y violaba el principio de proporcionalidad”.

El Tribunal General ha fallado a favor de los países mediterráneos y ha anulado las convocatorias de oposiciones denunciadas. Concluye que las convocatorias impugnadas sí infringen el régimen lingüístico de la UE al limitar la comunicación con la EPSO al alemán, inglés o francés. El Juez explica además que el candidato podrá realizar la redacción del formulario de candidatura en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE y que las comunicaciones de la EPSO deberán estar redactadas en dicha lengua. Lo mismo ocurrirá con la elección de una segunda lengua. El aspirante a la oposición tendrá la libertad de escoger el idioma oficial que quiera.

Sentencia del Tribunal General de la UE