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El Fondo de Solidaridad reparte 104 millones de euros por desastres naturales

Los incendios forestales que afectaron a Portugal, España y Francia el pasado verano y que provocaron una enorme catástrofe medioambiental además de provocar la muerte de varias personas, así como otros desastres naturales sufridos por regiones francesas y griegas el pasado año, además de afectar gravemente a sus poblaciones, provocó además una autocrítica del Mecanismo Europeo de Protección Civil por su falta de agilidad para responder a emergencias de tal magnitud, lo que sin duda sirvió de lección para su mejora.  Como consecuencia, nació una nueva propuesta para atender las emergencias en la UE, denominada “rescUE” y que tendrá que mostrar su capacidad, confiemos que en un futuro muy lejano.

Los incendios, en buena parte debido a la sequía que afecta al sur de Europa, fueron devastadores en Portugal por afectar seriamente a varias regiones del país. Por ello, el Fondo de Solidaridad va a conceder a este país algo más de cincuenta millones de euros para la reconstrucción y cubrir los costes relacionados con los servicios de emergencia, el realojamiento, servicios de limpieza y protección del patrimonio. España que también sufrió los incendios en la región de Galicia recibirá 3.2 millones por el mismo concepto.

Además de los incendios, los huracanes produjeron destrozos en las regiones francesas ultraperiféricas de Guadalupe y San Martin (isla compartida con Holanda). Para esas regiones van a ir a parar 49 millones. Finalmente, el terremoto sufrido por la isla griega de Lesbos en junio de 2017 recibirá algo más de un millón de euros para la reconstrucción.

Este dinero parte del Fondo de Solidaridad Europeo, un mecanismo nacido en 2002 como respuesta a las inundaciones que afectaron a Centro Europa durante el verano de ese año. Desde entonces se ha recurrido a él en 76 ocasiones. La Comisión propone las ayudas económicas a los países, pero éstas deben ser aprobadas por el Parlamento y el Consejo de la Unión.

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Madrid acogerá un foro sobre las “noticias falsas”

El próximo día 20 de febrero, la representación de la Comisión Europea en España, acogerá un foro en el que se debatirá sobre la cuestión de las noticias falsas, un problema que internet y las redes sociales están convirtiendo en una especie de quinta columna para intereses particulares, sean políticos, económicos o de cualquier otra índole.

Hoy es frecuente oír hablar de las “noticias falsas”, más aún en su traducción inglesa “fake news”, y se está convirtiendo en un problema de tal magnitud que se puede hablar ya de una contaminación informativa cada vez más extendida en un mundo que parece tener necesidad de información constante.

El hecho de que no exista una responsabilidad editorial o filtros que controlen las noticias que las actuales formas de comunicación permiten multiplicar por millones en cuestión de segundos, se ha convertido en un problema político internacional, que ya se ha manifestado en asuntos tan trascendentales como las elecciones norteamericanas o francesas o el referéndum del “brexit”, lo que ha hecho que se convierta en una amenaza ante la que no hay una respuesta todavía clara, más aún cuando los medios que se utilizan para difundirlas son legales.

La preocupación sobre este asunto, ha llevado a la Comisión Europea a crear un grupo de expertos de alto nivel para que se trabaje en la definición del fenómeno y poder crear formas de combatirlo. Se ha creado, además, una consulta pública, cuyo plazo finaliza el próximo 23 de febrero, con el objetivo de conocer más ampliamente la magnitud del problema y cómo sienten los ciudadanos que el problema les afecta. Ambas iniciativas darán como resultado la presentación de un documento en la primavera de este año que contenga una estrategia a seguir.

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Portugal propone la creación de tres nuevos impuestos para incrementar el presupuesto comunitario

Portugal va ganando terreno en la esfera internacional. Tras el nombramiento del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del Eurogrupo, Màrio Centeno, y otros cargos internacionales, ahora es el gobierno portugués quien se erige como protagonista en la Unión Europea con la sugerencia de imponer tres nuevos impuestos que equilibren el presupuesto europeo tras el brexit. Obviamente la salida de un país miembro como es el reino Unido va a suponer que los países que se mantienen dentro de la Unión, tendrán que aportar más para mantener el presupuesto comunitario.

Portugal, que salió muy afectado de la crisis económica de 2008 y tuvo que solicitar un rescate del Fondo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, así como del Fondo Monetario Internacional, ha recuperado la confianza financiera internacional, está devolviendo puntualmente los préstamos recibidos y su financiación se encuentra actualmente en mínimos históricos. Por tanto parece sentirse con fuerza para protagonizar un papel importante en sus acuerdos internacionales.

La sugerencia supone crear una tasa digital, una tasa verde y otra sobre las transacciones financieras internacionales. La digital se produciría sobre las grandes plataformas (Google, Facebook) que ya obtienen pingües beneficios por la publicidad que ceden en sus redes.

La tasa verde recaería sobre las empresas más contaminantes y la que recayera sobre las transacciones financieras internacionales podría, resultar, además en una reducción en la especulación de capitales.

La propuesta tendrá lugar en la próxima reunión del Consejo de la Unión Europea cuando se reúnan los 27 jefes de estado o de gobierno el próximo 23 de febrero.

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Premio a las Ciudades Europeas promotoras del Comercio Justo y Ético

La Comisión Europea ha creado a través de la Dirección General de Comercio un concurso por el que una ciudad europea recibirá por primera vez el Premio a las Ciudades Europeas promotoras del Comercio Justo y Ético.

El Premio tiene como objeto concienciar a los consumidores de la sostenibilidad medioambiental, económica y social en el comercio internacional. En otras palabras, se pretende que los ciudadanos tomen conciencia de las dificultades sociales y económicas que muchos productores padecen en el mundo, a la vez que valoren el uso que hacen del medio ambiente para la producción de los bienes que comercializan. También se pretende que las ciudades participen en mejorar esa concienciación de los ciudadanos mediante el desarrollo de actividades e iniciativas en ese sentido.

El concurso es parte, por tanto de los esfuerzos que la Unión Europea hace para que los consumidores conozcan cómo sus compras pueden afectar al medioambiente y a los medios de vida de las personas de los países proveedores, así como sobre el papel que deben desempeñar las ciudades y autoridades locales.

El concurso va dirigido a las ciudades de más de 20.000 habitantes y que hayan llevado a cabo políticas, actividades, proyectos o programas relacionados con el comercio justo. El plazo de admisión de candidaturas finaliza en abril de 2018.

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Las negociaciones del “brexit” se complican

La extraña relación que se ha establecido entre la Unión Europea y el Reino Unido para formalizar el acuerdo de abandono por parte de éste, no atraviesa su mejor momento.

La cuestión que está dividiendo a ambas partes es el periodo de transición que se aplicaría tras el brexit, y es en la cuestión de los detalles donde se están produciendo las fricciones.

El tema fundamental que provocó el poco entendimiento entre ambas partes ha sido el status que tendrían los ciudadanos europeos que lleguen al Reino Unido en el periodo de transición establecido tras el brexit, para los que la UE pide el derecho de libre circulación así como el resto de derechos comunitarios, algo a lo que se niega el Reino Unido. Inicialmente el gobierno británico no había puesto pegas a esas condiciones, pero la situación ahora parece haber cambiado, en buena parte por una cuestión política interna que parece poco definida en el Parlamento británico.

La reacción de los negociadores de la Unión Europea ha sido la de advertir al gobierno británico que si eso es así no habrá un periodo de transición, algo que, paradójicamente, pedía Gran Bretaña. Ese periodo de transición se debería iniciar dos días antes del 31 de marzo de 2019, fecha en que Reino Unido abandonaría la UE, y se prolongaría hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante ese periodo de transición, Reino Unido podría ir adaptándose a la nueva situación.

Otro problema por resolver es el de la frontera norirlandesa con el resto de la república de Irlanda, una situación complicada que parece reabrir las heridas tras los dolorosos años del conflicto.

Recientemente la Comisión europea ha publicado un texto jurídico que recoja todos los acuerdos de la retirada de Reino Unido, un texto que será revisado por los veintisiete países miembros y el Parlamento europeo y que una vez acordado se presentará al Reino Unido para su debate. Sin embargo la situación política británica tan voluble no augura una negociación sencilla.

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El Parlamento Europeo investigará la concesión de licencias de herbicidas como el glifosato

El pasado mes de noviembre, expertos reunidos de todos los países miembros y convocados por la Comisión Europea, decidieron por una ajustada mayoría, la renovación de licencia y comercialización del herbicida conocido como glifosato. Para renovar esta licencia, era necesario el voto de países que llegaran a representar un 65% de la población total de la Unión, y en ese momento se alcanzó un ajustado 65,71 %. La razón de tan ajustado resultado fue debido a que Alemania cambió su posición de abstenerse a votar a favor, lo que inclinó la balanza hacia la aprobación de la renovación. Sin embargo el cambio de opinión fue tomado a modo particular por el Ministro alemán de Agricultura y sin tener en cuenta las instrucciones de abstenerse que su gobierno le había dado.

Si la posible renovación de la licencia ya había dado pie a un movimiento ciudadano para prohibir el herbicida (Stop glifosato), la rocambolesca manera en que ésta fue aprobada hizo crecer la creencia en la existencia de ciertos intereses industriales de las multinacionales que lo fabrican o comercializan.

La aprobación de la renovación en noviembre no resultó excesivamente conforme y poco después la Comisión Europea, el 12 de diciembre pasado pasó un comunicado en el que anunciaba la creación de una propuesta legislativa para 2018, según se decía “para seguir aumentando la transparencia y la calidad de los estudios utilizados en la evaluación científica de las sustancias”.

Esta semana, ha sido el pleno del Parlamento Europeo el que ha dado luz verde para que se cree una comisión especial que analice el actual sistema de autorización de pesticidas, como consecuencia de la polémica renovación del pasado noviembre. Ayer se votó la composición de esa comisión, que conformarán treinta eurodiputados, y se espera que en marzo comience a funcionar.

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Merkel y Schulz llegan a un acuerdo de gobierno en Alemania

Por fin parece que Alemania tendrá un gobierno, tras las elecciones de septiembre del año pasado, y después de diversas vicisitudes. El primer acercamiento se produjo entre el partido de Merkel y sus socios bávaros, con liberales y verdes, sin que se llegara a un acuerdo. Solo quedaban dos opciones, pactar con el Partido Socialdemócrata, o repetir las elecciones.

El pacto con los socialdemócratas ya se dio en las dos anteriores legislaturas, pero esta vez los democristianos de Merkel, y sus socios de Baviera, están más debilitados por haber perdido votos y escaños. Aunque los socialdemócratas se manifestaron en contra, inicialmente, de renovar el pacto de gobierno por el coste electoral que supuestamente les suponía, la posibilidad de nuevas elecciones no debía de gustar a ninguna de las tres formaciones, con la posibilidad en el horizonte de que el creciente partido ultraderechista Alternativa por Alemania, se viera más reforzado. No obstante, el acuerdo habrá todavía de ser confirmado por las bases de los partidos

En esta nueva reedición del pacto de gobierno, los socialdemócratas parece que salen más fortalecidos. Ocuparán seis de los catorce ministerios, entre ellos Exteriores, Trabajo, Justicia y el fundamental de Finanzas. Schulz, en principio, será el ministro de exteriores y según anunció él mismo dará el relevo en la presidencia del partido socialdemócrata a nuevas caras.

Habrá que ver cómo se plasman los pactos acordados en la política alemana, pero lo que sí parece que va a ocurrir es que el compromiso alemán con la Unión Europea va a salir reforzado, a través de más fondos, la aplicación de la convergencia social y reformas estructurales en la eurozona, y según manifestó Schulz terminar con la austeridad que en la última década ha caracterizado a la política europea. Así Alemania se convertiría en un buen aliado de las políticas que defiende el nuevo presidente francés Emmanuel Macron respecto a una transformación de la Unión Europea.

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