Desde el pasado 2018 la Unión Europea ha ido intensificando progresivamente sus medidas para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas. La tendencia en esta materia ha ido dirigida a un endurecimiento de las normas, las cuales dificultan la ocultación de fondos ilícitos y refuerzan los controles a terceros Estados. Otra de las nuevas medidas se basa en reforzar la función y competencias de las autoridades de supervisión financiera, y con ello mejorar el intercambio y acceso a la información.
En 2019, el Consejo de la Unión Europea adoptó prioridades estratégicas en esta materia, y en mayo de 2020, la Comisión Europea presentó un plan de acción donde se establecen las medidas para llevar a cabo en los próximos doce meses. Con el tiempo, se ha ido elaborando en el seno de la Unión, un marco normativo bastante sólido. Sin embargo, debe adaptarse a los nuevos riegos derivados de la globalización, la innovación tecnológica ligada a actividades ilícitas, la integración creciente de los flujos financieros en el mercado interior, y sobre todo, el ingenio de los delincuentes para aprovechar las lagunas del sistema. Para poder hacer frente a estas dificultades, se requiere una estrecha relación a nivel internacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una de las herramientas de cooperación a nivel internacional. Se trata de un organismo internacional de normalización en el ámbito financiero. Se creó en 1989 y es un grupo de trabajo intergubernamental que promueve y elabora medidas políticas contra la financiación del terrorismo y contra el blanqueo de capitales. Además puede formular recomendaciones a los Estados. Entre sus miembros se encuentran la Comisión Europea y catorce Estados miembros. Las recomendaciones del GAFI se aplican en la Unión Europea a través de la Quinta Directiva antiblanqueo. Esta Directiva, que entró en vigor en junio de 2018, pretende entre otras cosas: hacer más transparente la propiedad de fideicomisos y sociedades, mejorar la cooperación entre las unidades de información financiera nacionales, abordar riesgos relacionados con las tarjetas de prepago y las monedas virtuales y mejorar la cooperación y el intercambio de información entre el Banco Central Europeo y los supervisores en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
